Los miles de millones de dólares que anualmente el Estado entrega en becas, subsidios a personas adultas sin jubilación y jóvenes marginados en condiciones de riesgo social, resultan una calamidad para la salud pública.
El Programa de Beca Universal sirve para ayudar a sufragar gastos educativos, pero su implementación no tiene ningún control en la forma en cómo se gasta. Igualmente sucede con los dineros del Programa de $120 a los 70 y el Programa de Barrio Seguro que ayudan a cientos de miles de familias, madres solteras, niños de escasos recursos, ancianos vulnerables y jóvenes con alto riesgo social. Y nadie en su sano juicio sería capaz de oponerse a estos programas, pero sí que tengan mayor control para su mejor utilización.
Son más de $1,200 millones que benefician a 140 mil estudiantes, 120 mil adultos mayores y 5 mil jóvenes. Y aunque se tiene buenas intenciones, al final no siempre lo que compran es útil o saludable. Por ejemplo, no hay reglas que impida comprar sodas, alimentos enlatados, bebidas energéticas, carnes ultra procesadas y muchos otros productos dañinos como cigarrillos y licores que comprometen seriamente la salud de los participantes. Y ni hablar de lotería, apuestas en casinos y otros juegos de azar.
Es fundamental que las instituciones responsables como IFARHU y MIDES asignen estos dineros y aseguren que los mismos sean utilizados en productos que no aumentan el riesgo de enfermedades crónicas. Según el Censo de Salud 2016, las personas de escaso recursos tienen 70% más probabilidades de desarrollar diabetes, una enfermedad que las pone en riesgo de sufrir problemas cardíacos, ceguera y muerte prematura. Una redirección de estos programas sería en asignar cupones para la compra de alimentos saludables como frijoles, verduras, frutas y granos enteros.
La idea no es eliminar la ayuda a las familias de escasos recursos, pero sí de enfocar la asignación de los dineros estatales en programas y mecanismos que mejoran y promueven la salud de la población.